Retos del posacuerdo: Violencia homicida y prácticas sociales violentas en la ciudad de Pereira

  • Luis Adolfo Martínez Herrera

Resumen

Interpretar las lógicas de las violencias en contextos locales que han experimentado elevadas tasas de violencia homicida –como lo es la ciudad de Pereira- se constituye en una de las prioridades del Estado colombiano para alcanzar una paz territorial que sea estable y duradera. La sociología relacional de Pierre Bourdieu permite descentrar la mirada al fenómeno criminal y reconocer las lógicas estructurales que permiten su reproducción a través de prácticas sociales violentas institucionalizadas en el contexto local. Así, el análisis construido a partir de una investigación interinstitucional de corte cualitativo permitió reconocer las investigaciones construidas acerca de las violencias, pero también interpretar la existencia de un subcampo de la economía ilegal como el nodo articulador en el que confluyen agentes legales, ilegales y grises, y que han generado violencias endémicas de incalculables impactos.

Publicado
2017-09-22
Como citar
MARTÍNEZ HERRERA, Luis Adolfo. Retos del posacuerdo: Violencia homicida y prácticas sociales violentas en la ciudad de Pereira. Sociedad y Economía, [S.l.], n. 33, sep. 2017. ISSN 2389-9050. Disponible en: <http://nexus.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/article/view/5633>. Fecha de acceso: 15 nov. 2018 doi: https://doi.org/10.25100/sye.v0i33.5633.

Palabras clave

violencia homicida, sociología, práctica social, ilegalidad, habitus

Introducción

La construcción de paz territorial en Colombia encuentra en las violencias homicidas uno de sus mayores retos. Las lógicas criminales y delictivas, sus agentes, grupos, prácticas, mercados y relaciones alcanzan elevados niveles de sofisticación y adaptación en los entornos locales y subregionales. Así, las actuales redes criminales, diseminadas en el territorio nacional, se erigen como verdaderas amenazas a los procesos de negociación que el Estado adelanta con grupos armados ilegales; dinámicas que, de manera directa e indirecta, están influyendo en las prácticas sociales violentas2 experimentadas en el territorio colombiano.

Tales amenazas no solo se identifican a partir de los niveles de reincidencia experimentados en el país, sino, y en especial, porque las redes ilegales establecidas en los entornos urbanos rediseñan sus estrategias cooptando los escenarios controlados por las antiguas estructuras ilegales (sean estas guerrilleras o paramilitares), y con ello se erigen en amenazas directas a la seguridad, la convivencia ciudadana y a los procesos de negociación del Estado con grupos armados ilegales.

De igual manera, para que dichas instancias ilegales sean posibles, se requiere del papel activo de los agentes legales de los campos3 políticos y/o económicos, los cuales por acción o por omisión han favorecido la instauración de variadas expresiones delictivas, en los entornos locales y regionales. En este sentido, es posible entender que “la permanencia de la criminalidad en un territorio, su desarrollo, actividad y expansión no es posible sin grandes redes de protección y corrupción que los sustentan” (Ávila y Pérez, 2011, p. 28).

Aunado a ello, algunas de las experiencias de posconflictos adelantados en diferentes lugares del planeta han señalado cómo la violencia en escenarios de posacuerdo aumenta en lugar de disminuir4, aclarando que la violencia política suele decrecer, a diferencia del incremento en la violencia económica y social (Moser y McIlwaine, 2001), situación que señala la necesidad, por un lado, de analizar las dinámicas homicidas a escala local reconociendo sus lógicas históricas y sus mutaciones en el marco de coyunturas específicas, y por otro, la necesidad de identificar las interpretaciones construidas en torno a las mismas.

Colombia desde el 1981 hasta 2004 ocupó el primer lugar respecto a la tasa de homicidios a escala mundial (salvo en 1998 y 1999, cuando pasó al segundo lugar) y se sostuvo en los primeros diez lugares hasta el 2015. Esta situación ha llevado a algunos investigadores a señalar la existencia de una violencia generalizada en Colombia (Franco, 2005), la existencia de un Estado fallido, de una “guerra social” o incluso la existencia de una presencia traumática del Estado colombiano (Gilhodes, 1974) entre otras nominaciones, configuradas para analizar la compleja situación de crisis humanitaria experimentada en el contexto colombiano, señalando con ello la existencia de variables de carácter estructural que denotan fallas geológicas en el orden democrático existente en el país. La mención a las llamadas fallas geológicas, o fracturas geológicas, señala la existencia de un conjunto de variables que han operado en los procesos de larga duración en la construcción de algunos Estados ubicados ideológicamente bajo la noción de subdesarrollo.

Es así como para analizar las lógicas de la violencia homicida en una de las ciudades con las mayores tasas de violencia homicida en Colombia como es el caso de Pereira, objeto central de análisis para el presente artículo5, se torna necesario no solo reconocer las interpretaciones elaboradas en relación con dichas violencias, para lo cual se tomaron como referencia temporal de análisis los momentos de mayor violencia homicida experimentadas en Colombia, sino también avanzar en la construcción de nuevas interpretaciones, reconociendo las propias limitaciones y zonas “grises” que trae consigo toda nueva explicación.

Para alcanzar tal objetivo se desea descentrar los análisis focalizados al problema delictivo o a las dinámicas propias del conflicto social y armado experimentadas en la región, para reconocer en algunas de las lógicas institucionales -particularmente en el papel de los agentes sociales pertenecientes a las dimensiones legales, ilegales y grises- los factores de reproducción de las violencias a través de las llamadas prácticas sociales violentas presentes en la misma.

Esta situación permite entender la coexistencia de importantes lógicas de crecimiento y desarrollo a escala local y regional, junto a expresiones de altas tasas de violencia homicida que no afectan las dinámicas de las primeras, en el marco de un orden social instituido en Pereira y su área metropolitana. De esta manera, es posible entender cómo ante la inexistencia de estructuras criminales hegemónicas a escala local y subregional, los mercados criminales conservan su estabilidad, situación entendida -entre otras razones- a partir de la existencia de un subcampo de la economía ilegal6 que opera como nodo articulador de relaciones legales e ilegales y que dinamiza las expresiones delictivas y homicidas presentes en Pereira.

Esta perspectiva relacional, que reconoce dinámicas históricas y enfatiza las lógicas de reproducción del orden social ilegal presentes en la región, es posible a partir de las interpretaciones señaladas por la sociología disposicional propia de la perspectiva analítica de Pierre Bourdieu.

1. Periodos de alta violencia homicida en Colombia y las lógicas homicidas a escala local: el caso crítico de la ciudad de Pereira

La reciente disminución en la tasa de homicidio experimentadas en Colombia no debe oscurecer las causas que originan dicho descenso (ya sea como resultado del crecimiento institucional, la consolidación de un agente o grupo en territorios específicos, o por el cambio en las estrategias de los agentes ilegales como, por ejemplo, el paso de la masacre a la violencia selectiva como estrategia de control social), ni tampoco desdibujar las complejas realidades locales y subregionales que explicarían las variaciones de las violencias en territorios específicos. Tampoco sobredimensionar un descenso cuando aún dicha tasa se encuentran muy por encima del promedio mundial.

Por esta razón, se debe descentrar los análisis de las violencias homicidas de las cuatro grandes ciudades colombianas (Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla) y ubicar la mirada en las ciudades intermedias, para lo cual se desea analizar las violencias homicidas -y sus interpretaciones en el marco de las coyunturas de mayor violencia homicida en Colombia- experimentadas en la ciudad de Pereira (tabla 1) con lo cual se podrían reconocer las nuevas variaciones de un fenómeno que ha atravesado la historia de Colombia y que perfilaría los retos a asumir en un posible escenario de posconflicto armado7 presente en el contexto actual.

1.1. La llamada “Violencia” en Colombia. El bipartidismo y la cultura sectaria de mediados del siglo XX

Durante el transcurso del siglo XX en Colombia es posible señalar un primer gran periodo de apogeo de la violencia homicida experimentada en el país entre 1946-1958. Distintos investigadores -entre los cuales se destacan los estudios de investigadores tales como Daniel Pecaut, Francisco Gutiérrez, Jorge Gutiérrez y Vicente Torrijos entre otros- los cuales han coincidido en señalar este periodo como una de las épocas de mayor violencia homicida en Colombia. Denominada como el periodo de la Violencia, coincide con la pérdida de la hegemonía liberal (1930-1946) y el ascenso a la presidencia de la república del conservador Mariano Ospina Pérez8.

Tasa de homicidios en Pereira, Risaralda y Colombia, y sus respectivos puestos entre 1990 y 2015

Tabla 1: Tasa de homicidios en Pereira, Risaralda y Colombia, y sus respectivos puestos entre 1990 y 2015

En 1958 la violencia es más intensa en los sectores rurales que urbanos. Una parte alta de los homicidios la hacen bandoleros y otros grupos provenientes del conflicto político liberal-conservador: la violencia se concentra en Caldas9, Antioquia, Valle y Tolima. En 1958 el 57% de los homicidios se daban en estos departamentos, que tenían el 37% de la población. Caldas, Valle, Tolima, Meta y Norte de Santander tenían tasas muchos más altas que el resto del país (Melo, 2008).

Pero los impactos de dichas violencias se identifican de manera diferenciada en las regiones colombianas; en este sentido, los departamentos del eje cafetero (conformado por Caldas, Quindío y Risaralda) experimentan tipos de violencia que superan los índices nacionales de violencia homicida.

Desde los años cincuenta la violencia organizada ha estado presente y ha sido muy intensa en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda10. Entre 1955 y 1968 las tasas de homicidio se hallaban bastante por encima de las nacionales, todavía muy ligadas a móviles registrados como políticos. En 1961 la tasa llegó a 68,5 su punto más alto para esa época, de todos modos inferior a los niveles alcanzados después de 1980 (Vicepresidencia de la República, 2001).

Es importante destacar el primer gran estudio acerca de la Violencia realizado en Colombia titulado: La violencia en Colombia (Guzmán, Fals y Umaña, 1962) el cual destacaba las particularidades de la misma a escala regional y local.

El sino de Caldas (Caldas, Quindío y Risaralda) en cuanto a la violencia ha sido paradójico, porque es el departamento que goza, aparentemente, del nivel más alto de vida. Allí, según los sociólogos, se ha desarrollado una verdadera clase rural que tuvo su origen en las inmigraciones de antioqueños al Quindío desde mediados del siglo XIX. Una mentalidad especial de empresa con un sentido de independencia ha hecho de Caldas una región próspera. Pero quizá su riqueza, como se dice más adelante, sea la causa de su desgracia. Los explotadores del café, en su mayoría minifundistas, han debido sufrir el impacto de la confusión causada por el robo y el ansia de tierras (Guzmán et al., 1962, p. 130).

Esta cadena económica de mediados del siglo XX, centrada en el café, no sufrió considerables cambios en el marco de violencias tan explícitas, las cuales contaban en muchas ocasiones con la complacencia de las autoridades locales y regionales. Los márgenes de ganancia no sufrieron considerables cambios, situación que demuestra un modelo económico adaptado a las violencias o incluso utilizándola como una de sus partes.

¿Que existían muchas fincas abandonadas? Sí, pero todas explotadas. ¿Que la violencia se intensifica con la perspectiva de la cosecha? Sí, pero no rebaja el volumen de la transacción comercial. En el fondo lo que existe es toda una cadena inaprensible de productores que trafican con frutos teñidos con sangre de campesinos (Guzmán et al., 1962, p. 130).

Con relación a las interpretaciones alusivas a las violencias experimentadas en Pereira en este periodo, se puede señalar un conjunto de interpretaciones que se caracterizaban por la existencia de análisis centrados en las cifras que perfilaban, de manera global, las violencias presentes en el llamado Viejo Caldas, y que presenta datos desagregados por departamentos y municipios. Se identifican fuertes debilidades en los procesos de recolección de la información, los análisis e interpretaciones son aún precarios, con relación a sus abordajes conceptuales y también respecto a los análisis locales y regionales de los mismos.

1.2. El creciente papel del narcotráfico en las múltiples violencias y su consolidación en Colombia en la década de 1980

Un segundo momento se puede identificar a inicios de la década de 1980 e iría hasta 1993 (Melo, 2008). En este periodo la violencia crece exponencialmente llevando a Colombia a ubicarse en el primer lugar mundial respecto a la tasa de homicidios. En la Revista Criminalidad de la Policía Nacional, se lee:

Las tasas más altas de hurtos, principal indicador de los delitos contra el patrimonio económico, se registraron en los departamentos de Quindío y Risaralda y las mayores tasas de homicidio, principal indicador de violencia, se registraron en los departamentos de Antioquia y Risaralda11 (Criminalidad, 1989, p. 23).

Por su parte, Jorge Orlando Melo (2008), en su análisis acerca de los 50 años de homicidios en Colombia, señala:

Antioquia, Caldas y Risaralda son ahora los departamentos con una mayor tasa de homicidios, y combinan en diversos niveles la influencia de la guerrilla y el narcotráfico: tienen el 18% de la población y el 34% de las muertes... Entre 1983 y 1991 se recrudece la violencia en Antioquia... Otro departamento que sigue figurando con una alta violencia es Risaralda (Melo, 2008, s. p.).

En esta época, los estudios sobre la violencia en Risaralda y Pereira se enriquecen en la misma medida en la que se fortalecen las miradas disciplinares. De esta manera, los análisis elaborados por disciplinas como la sociología, la historia y la antropología amplían las perspectivas de indagación. A pesar de ello, el sistema de recolección de información aún poseía grandes dificultades, esta situación afectaba las interpretaciones que del fenómeno se podían realizar.

A finales de los años de 1980 se publica el libro Pereira, años 80 (Arango, 1989), el cual constituyó un esfuerzo por analizar los cambios ocurridos en una década en la ciudad de Pereira y su área metropolitana de Dosquebradas. En 1989, se realiza un informe en la revista Criminalidad de la Policía Nacional, en el cual se realizó un análisis de la violencia homicida en Colombia durante la década de 1980.

En su balance de 10 años, la Policía Nacional señaló cómo los mayores registros de violencia homicida experimentados en Colombia se presentaron en los departamentos de Antioquia y Risaralda12.

1.3. El incremento del accionar paramilitar y la disputa territorial a las guerrillas

El tercer momento de alta violencia homicida experimentada en Colombia, se ubica entre 1993 y 2002. En este periodo de crecimiento de la violencia homicida, la presencia de los grandes carteles del narcotráfico (Cartel de Cali y Cartel de Medellín), sumado al creciente proyecto paramilitar que inicia un proceso de fortalecimiento como una estructura jerárquica nacional generan múltiples escenarios criminales que incrementaron los índices de violencia homicida experimentados en el contexto nacional.

Al respecto, en el periodo comprendido entre 1990 y 2002, las primeras cuatro ciudades capitales con la mayor tasa de violencia homicida en Colombia (ciudades que además superen los 300.000 habitantes) concentraron 39% de la violencia homicida experimentada en este periodo. Tales ciudades en su respectivo orden fueron: Medellín con 15,4%, Pereira con 8,5%, Cúcuta con 7,9% y Cali con 7,8%.

De esta manera, surge lo que el Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y Derecho internacional humanitario ha denominado “el cartel de Pereira”. Bajo su tutela no solo operan bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato, quienes a su vez entran en pugna para beneficiarse de los amplios recursos fluctuantes en el medio; sino que también operan otro tipo de redes ilegales que actúan bajo su control.

En este periodo se avanza en procesos de unificación y coordinación de las instancias que generan datos estadísticos sobre el aumento de la violencia homicida, procesos que se logran gracias al papel que desempeña el Observatorio del Delito y los actores institucionales que lo integran. Las técnicas que permiten la geo-referenciación de la violencia aumentan, al igual que el nivel en los procesos de interpretación de los datos.

2. Prácticas sociales violentas como eje explicativo de las violencias en la ciudad de Pereira

Es en este panorama en el que se desea proponer una lectura multicausal que articule la perspectiva sincrónica y relacional de los fenómenos homicidas, con una perspectiva diacrónica que identifique las lógicas de larga duración de las violencias ocurridas en la región, reconociendo la consolidación de estructuras sociales incorporadas que hacen posible la permanencia de múltiples violencias en el territorio cafetero.

Para ello se propone analizar las prácticas sociales violentas, como el resultado de esta doble estructuración del universo social expresada, por una parte, en la existencia del subcampo de la economía ilegal , como manifestación objetiva e institucional de lógicas históricas que socializan propensiones para la acción, mediadas por el uso de la violencia. Por otro lado, se reconoce la existencia de unas estructuras sociales incorporadas, afirmación que señala la existencia de un conjunto de disposiciones a la informalidad y la ilegalidad, configuradas a lo largo de la historia del departamento y que generan principios valorativos y lógicas de resolución violenta de la conflictividad social.

Acerca de esta última manifestación de lo social, aquella entendida en el cuerpo de los agentes sociales, entendido como el habitus (Gutiérrez, 2012), se presentarán las manifestaciones de los tres agentes sociales que señalan las posiciones de los mismos en el llamado subcampo de la economía ilegal, se hace alusión a los agentes legales, grises e ilegales que configuran el conjunto de relaciones objetivas entre posiciones, existentes dentro del mismo. Esta doble relación estructural configura las prácticas sociales violentas en la región y permite no solo la articulación social a redes criminales, como lo han sido las distintas expresiones del crimen organizado a lo largo de la historia regional, sino, y en especial, a una propensión para la acción violenta expresada en la vida cotidiana (violencia anómica, ordinaria, callejera, entre otras). Esto tiene su origen en el cruce de dos campos como lo son el campo económico y el campo político en el departamento de Risaralda (figura 1).

Ambos campos, al igual que otros subcampos, como lo son el subcampo cafetero13, el subcampo del conflicto armado14 y el subcampo comercial y de servicios15 han configurado el llamado subcampo de la economía ilegal en la región, el cual constituye el nodo relacional explicativo (junto al llamado orden social casuístico) que genera dinámicas de continuidad y de generación de las prácticas sociales violentas experimentadas en la región.

Como se puede apreciar en el gráfico, tales campos y subcampos poseen tres dimensiones específicas: la dimensión legal, la dimensión gris y la dimensión ilegal; con ello se quiere señalar que por ejemplo el campo económico posee sus propios agentes, grupos, instituciones, capitales e intereses presentes en cada dimensión. De esta manera, existiría una dimensión ilegal de la economía regional la cual posee capitales socialmente escasos -como el caso del narcomenudeo o el contrabando-, el cual posee sus propias lógicas de acción, con una serie de normas implícitas propias -nominadas como Nomos- y que configuran escenarios de tensión y de disputa en el cual diferentes grupos, agentes e instituciones establecen relaciones de tensión y lucha por las posiciones históricas privilegiadas, las cuales les permitan acceder a los capitales que se encuentran en juego.

Esquema general explicativo de las prácticas sociales violentas en Risaralda

Figura 1: Esquema general explicativo de las prácticas sociales violentas en Risaralda

Dichos campos y subcampos se configuran en el cruce de cinco variables, identificadas en el contexto regional y que definen su propia existencia: los factores estructurales, los factores coyunturales, las lógicas culturales, las condiciones socio-económicas desfavorables y los intereses de grupos de interés (clanes, agentes o grupos socialmente privilegiados); tales factores configuran, en momentos y escenarios específicos, escenarios ilegales y corruptos proclives a actos delictivos.

Pero, ¿son suficientes dichos factores para explicar las prácticas violentas presentes en la historia de Pereira y Risaralda? Esta situación nos ayuda a explicar sólo violencias de tipo coyuntural; se requiere, por lo tanto, del cruce de dicho escenario ilegal y corrupto con los campos y subcampos presentes en la región, con lo cual se logran estructurar las bases históricas de un tipo de violencia que se torna natural a un tipo de orden social casuístico presente en la región.

Para el desarrollo del presente artículo solo se señalarán, por un lado, los factores coyunturales y las lógicas estructurales presentes en el departamento de Risaralda; por otro lado, se realizará una presentación general de los tres agentes sociales (legales, ilegales y grises), ya que ambos momentos coyuntura-estructuras y agentes sociales constituyen las condiciones mínimas que han favorecido la reproducción del llamado subcampo de la economía ilegal y eje nodal del orden social casuístico presente en Risaralda, nodo explicativo de las violencias experimentadas en la ciudad de Pereira.

2.1. Lógicas estructurales. Dimensiones de orden nacional que afectan las dinámicas regionales

La configuración de la región cafetera en la especificidad que implica leerse por fuera y desde adentro del departamento antioqueño (esta doble condición de ser herederos de prácticas culturales siempre en la mixtura que implica la influencia de la llamada “cultura paisa”, pero a su vez influenciada por la tradición caucana, valluna y tolimense) denotaron las bases de una nueva región: “el viejo Caldas”.

En este panorama, interpretar las lógicas promovidas por las violencias existentes en la región exige reconocer las dinámicas del orden nacional que afectaron la construcción del naciente departamento de Caldas y su posterior división en la década de 1960 en los departamentos cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda. Estas variables del orden nacional se pueden agrupar bajo la noción de fallas geológicas en la construcción de la sociedad colombiana (Cepal, Flacso, 1999) ya nombradas en la introducción al presente artículo.

La mención a las llamadas fallas geológicas o fracturas geológicas señala la existencia de un conjunto de variables que han operado en los procesos de larga duración, en la construcción de algunos Estados ubicados ideológicamente bajo la noción de subdesarrollo. Para el caso colombiano, dichos factores están asociados -entre otros factores- con el modelo político-partidista experimentado en Colombia, según el cual los partidos antecedieron a la creación del Estado (Wills, 1993), la llamada cuestión agraria ante los fallidos intentos ocurridos en las décadas de 1930 y de 1960 (Fajardo, 1994), la denominada debilidad institucional presente a lo largo de la historia colombiana entre los cuales se destaca la crítica situación de la justicia (Gonzalez, 2003), la alta concentración del capital y los valores socialmente escasos, los complejos vínculos entre dimensiones legales e ilegales, los cuales han posibilitado las complejas relaciones entre política y violencia, urnas y armas (Molano, 2005), la presencia precaria o traumática del Estado (Gilhodes, 1974) y la llamada “cultura sectaria” excluyente, la cual se perfila como central para entender las violencias partidistas (Deas, 2000), que dinamizaron lógicas homicidas experimentadas en el territorio nacional.

2.2. Los factores coyunturales. Dinámicas de la dimensión sincrónica presente en el escenario risaraldense en la década de 1990 y principios del siglo XXI

Con relación a las variables coyunturales experimentadas a partir de la década de 1990 en Risaralda y Pereira, se pueden nombrar las siguientes condiciones:

1. La crisis cafetera profundizada a partir de la ruptura del Pacto Internacional del Café ocurrida en 1989. Ello generó el declive de la institucionalidad cafetera.2. La Crisis de la deuda a finales de la décda de 1980 y el diseño de las políticas de ajuste estructural (PAE) derivadas del Consenso de Washington; Apertura económica que generó una crisis económica a finales de los 90. (Martínez, 2012, p. 120). 3. La puesta en marcha de una nueva constitución en Colombia a inicios de la década de 1990, promoviendo -entre otros impactos- dinámicas crecientes de descentralización. 4. Agudización del conflicto social y armado en la región cafetera , desde mediados y finales de los 90. Agudización de la confrontación entre guerrillas y paramilitares (Sánchez, 1999). 5. La consolidación de la cultura y las estructuras narco (Franco, 2005) ante la reubicación de los carteles de Medellín y Cali (Reyes, 1997). 6. Las secuelas del terremoto de 1999 y las sobreexpectativas en los procesos de reconstrucción en la región. 7. La “Redefinición del territorio” en el marco de un proyecto desarrollista, centrado en el sector terciario, reconocimiento de Risaralda como zona geoestratégica con relación a diferentes megaproyectos impulsados en la región. 8. Los impactos de la recesión económica en Colombia ocurridos a finales de los 90 y que afectaron la región generando fuertes impactos en el empleo (Martínez, 2012) en sectores de histórica tradición industrial, como lo son los textiles y la confección.

2.3. Agentes legales interpretados a partir de expresiones de sectores políticos y económicos de la región. Integración diferenciada y civismo relativista. Primera mitad del siglo XX

Resultado de un inusual cruce de intereses entre caucanos y antioqueños, Pereira se erige desde sus orígenes como una ciudad con un importante flujo comercial, que conserva y proyecta en la actualidad.

Fundada por caucanos pero poblada por un grupo de familias procedentes de Antioquia, quienes comenzaron a llegar desde mediados del siglo XIX y se dedicaron a la explotación de pequeñas parcelas y a servir como puesto de descanso a los arrieros que mantenían un flujo comercial entre las provincias de Antioquia y Cauca (Montoya, 2004, p. 19).

Es en este escenario en el que emerge un tipo de agente económico y político, que tempranamente reconoció la necesidad de impulsar importantes obras que propendieran por la modernización de la creciente ciudad de Pereira. Sus intereses personales vinculados con dinámicas comerciales, industriales y agrarias se cruzaron con las motivaciones por generar dinámicas asociativas y cívicas.

Pero ante dicho imaginario social de progreso e inclusión, un conjunto de principios y disposiciones para la acción evidenciaban un tipo de construcción de identidad regional construida en el marco de la diferenciación y la exclusión social. Incluso, desde el propio origen del departamento del Viejo Caldas (Caldas, Quindío y Risaralda), el cual se gestaba a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se generaron múltiples pugnas interregionales entre el naciente departamento de Caldas y los dos departamentos más importantes de Colombia durante el siglo XIX: Antioquia y Cauca.

De esta manera, el naciente departamento se creaba en medio de las luchas entre dos importantes departamentos, que encontraban en Caldas una zona fronteriza de tensión, ajena a sus intereses o lugar de pugna para extender sus propios valores e influencias, en la estratégica zona cafetera de ubicación privilegiada en el contexto nacional.

Hacia la década de los años de 1920, las tensiones y diferenciaciones se empiezan a manifestar -ahora- dentro del propio departamento de Caldas, fundamentalmente entre las élites subregionales de Caldas y Risaralda. De esta manera, sus dos principales ciudades, Pereira y Manizales, empezaron a consolidar, nos señala el historiador John Jaime Correa (2014), un proyecto de ciudad como empresa cívica con valores propios.

A su vez, Correa (2014) analiza el modelo cívico de los años de 1930 y 1950, idealizado por sectores de la clase dirigente de la ciudad, reconociendo en el mismo una noción de civismo y ciudadanía con claras raíces republicanas, que ubicaban en el centro la noción del “ciudadano de bien”, asociado a la idea de progreso y matizada por una fuerte filiación religiosa. Una “obligación moral” promovida por una élite “abnegada y desinteresada”; de esta manera, se leía al buen ciudadano como un buen cristiano, perfilando la triada: religión-moral-autoridad, en el centro del proyecto cívico experimentado en la ciudad de Pereira.

Esta excesiva normativización de la vida diaria buscaba superar los vicios de los sectores populares que en los debates raciales de los años 20 y 30 estaban asociados con la supuesta “malformación genética” de la población, producto de la hibridación cultural triétnica entre indígenas, negros y criollos (Correa, 2013, p. 12).

A su vez, se fortaleció el proyecto integrador matizado por las diferencias en este nuevo escenario, ahora diferenciado con las élites de Manizales.

El despertar de la conciencia cívica de los pereiranos tuvo como principal elemento movilizador sus diferencias con la clase política de Manizales que en su mayoría eran quienes definían la destinación de los recursos públicos del Departamento de Caldas, lo que obligó a los pereiranos a realizar las obras de progreso por cuenta propia y décadas más tarde propició la separación de Pereira del Departamento de Caldas y la creación del Departamento de Risaralda en el año 1967, proceso que también ha sido reconocido como parte de las grandes “batallas cívicas” en la historia de la ciudad (Correa, 2013, p. 11).

En este mismo escenario, se empiezan a generar nuevos indeseados, los cuales afeaban el proyecto higienista de integración social.

El líder cívico Rafael Cuartas Gaviria reconocía que en Pereira se “había recibido una avalancha de inmigrantes de todas las condiciones”, en los que había más malos que buenos, que hizo que la ciudad se llenara de indeseables que crearon mil complicaciones y problemas. Es evidente que cuando los valores del civismo demarcan tan tajantemente lo normal y lo patológico de una ciudad es porque sus imaginarios de ciudad cívica están bastante embolatados (Correa, 2013, p.17).

Por su parte, la institucionalidad fue configurando un discurso oficial sedimentado y definido como paradigma explicativo de las causas de la violencia y del ideal de sociedad que se debía seguir. Al respecto, Oscar Jaramillo, presidente de la Academia de Historia de Pereira, señala:

Antes del período de la violencia de los años 50, la ciudad contaba con gentes nacidas y criadas aquí, que poseían un gran civismo. Civismo que se fue perdiendo con la llegada de numerosos desplazados por la violencia que desconocían la historia y no se identificaban con la ciudad que los acogió (Prensa La Tarde, 5 de mayo de 2015).

2.4. Agentes grises, hibridación de un agente legal e ilegal. Emprendimiento informal y habituación a la ilegalidad. Segunda mitad del siglo XX

En el margen siempre inestable entre los universos legales e ilegales, un tipo de agente perteneciente a ambos universos ha constituido un universo propio, con capitales, disposiciones y propensiones a la acción social. Dicho agente denotado como agente gris se constituyó en un actor clave en el proceso modernizador de Pereira durante las décadas de 1970, 1980 y 1990. Tales personajes reinvirtieron excedentes de mercados legales (como por ejemplo, sectores textiles, de la confección y agrarios) en el contrabando de los mismos y en el creciente mercado de estupefacientes (marihuana y cocaína) existentes en la región.

Interpretados como pertenecientes a una especie de “sociedad cerrada”, conformada por familias como: Alcides Arévalo, Carlos A. Ángel, Guillermo Vélez, José Vallejo, Fernando Marulanda, Rodolfo Ángel y Álvaro Echeverry, entre otros, (Castillo, 1987) fungieron como dirigentes cívicos pero mediados por el uso de recursos legales e ilegales.

Entre ellos se puede destacar el caso de Antonio Correa. Oriundo de Apía (Risaralda), fue considerado un agente clave en el proceso de modernización del centro de Pereira durante la década de 1980 (no solo con la construcción de uno de los edificios más modernos construidos en el centro de Pereira en la década de 1980, el cual lleva su nombre, sino también por el conjunto de bienes que poseía: oficinas, apartamentos y negocios), pero a su vez fue denominado como el primer capo de capos en Colombia, según declaraciones de Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, reconocido narcotraficante colombiano, quien señaló a la revista Semana en el 2007: “Llegó a manejar este país... Cuando nosotros estábamos comenzando este negocio, él era el gran capo de Colombia, y murió el año pasado ya de viejito” (Semana, 2007).

Los negocios del señor Antonio incluían la exportación de marihuana y cocaína por la Guajira, San Andrés y Nicaragua (Álvarez, 2013). En este sentido, un tipo de disposición para la acción señala la existencia de un conjunto de valores que relativizan las relaciones con la ilegalidad y con ello, se configuran acciones mediadas por un emprendimiento informal y una habituación a la ilegalidad por parte de sectores económicos y políticos en la ciudad de Pereira.

2.5. Agentes ilegales en el contexto regional. Estructuras criminales y mercados de la ilegalidad. Mediación violenta. Segunda mitad del siglo XX

Es importante señalar la década de 1960 y el fundante mercado del contrabando de autopartes, de café y de telas, acompañado del tráfico internacional de cocaína y venta local de marihuana, con lo cual distintas familias, clanes y agentes claves, -como por ejemplo la banda Blanco-Sepúlveda (cocaína), los Ríos-Pugliesse y Antonio Correa y José Olmedo Ocampo (el viejo) y su oficina de sicarios (Álvarez, 2013), influenciaron la consolidación del subcampo de la economía ilegal en la región, en relación siempre presente con sectores económicos y políticos sin los cuales dicho subcampo no sería posible. Estas estructuras ilegales consolidaron lógicas organizativas con una alta capacidad para controlar diferentes mercados ilegales concentrando a su vez expresiones delictivas que tenían la capacidad para realizar un ejercicio organizado de violencia y fuerza fáctica o simbólica.

De igual manera, experiencias criminales de impacto relevante, como lo fue en la década de 1980 los llamados Magníficos, expresión criminal que se inscribe en los anales del paramilitarismo en Colombia. La escuela de sicarios de La Virginia, analizada en detalle en el libro Balas por encargo de Juan Miguel Álvarez (2013). A su vez, la persecución a los grandes carteles del narcotráfico en Colombia (particularmente los carteles de Cali y Medellín a finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990), acompañados de la ubicación estratégica de Risaralda y Pereira y su imaginario de progreso y relativa seguridad, llevaron a ubicar reductos de dichas organizaciones en la región cafetera. La experiencia de las Convivir y las dinámicas de creación de La Cordillera16 a inicios del siglo XXI, posteriormente cooptada por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la coordinación de Alias Macaco. En el 2005, se puede destacar el proceso de desmovilización de paramilitares y las estructuras narco-paramilitares de Macaco. Dichos actores se ubican en la ciudad de Pereira y entran al negocio del narcotráfico, brindando inicialmente seguridad a la Cordillera, para luego tomarse por completo dicha organización. En el 2008, Los Rastrojos consolidan su influencia en la región en un periodo de alto incremento de la violencia homicida experimentada en Risaralda.

Por último, se puede señalar cómo, a partir de intereses geo-estratégicos, organizaciones criminales (nominadas en la actualidad como BACRIM -Bandas criminales-) del orden nacional como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, han recreado en el eje cafetero condiciones contemporáneas del conflicto armado urbano, las cuales reconocen en este territorio una zona clave para el desarrollo de megaproyectos del orden transnacional.

A Manera de cierre

1. Se interpreta un conjunto de variables que han contribuido en la configuración de escenarios criminógenos, los cuales en relación con campos y subcampos específicos han logrado configurar un tipo de orden social casuístico a escala local y regional que integra dimensiones de los universos legales, grises e ilegales. Dicha integración ha estructurado un tipo de desarrollo regional que promueve valores propios tales como: un civismo relativista y una integración diferenciada, (promovido por agentes legales), una habituación a la ilegalidad y un emprendimiento informal (promovido por actores grises) y una mediación violenta y una cualificación ilegal (auspiciado por agentes ilegales). Dicho conjunto de disposiciones ha estructurado un tipo de habitus que favorece la existencia de prácticas sociales violentas presentes en Risaralda y en Pereira.

De esta manera, las violencias (como mediación social que posee su más dramática expresión en las violencias homicidas) se explican fundamentalmente no como el resultado de las estructuras criminales hegemónicas presentes en la región sino a partir, por un lado, de un conjunto de disposiciones para la acción que relativizan las dimensiones legales implementando -en ocasiones-, acciones mediadas por la fuerza y la violencia, y por otro, la existencia de un nodo de relaciones objetivo que configura capitales, agentes, grupos, intereses e instituciones, en un variado y estable mercado de la criminalidad el cual se articula a los ritmos institucionales propios de la legalidad y contribuye en la generación de un orden social casuístico existente en la otrora ciudad cafetera.

No se trata de la captura del Estado y sus instituciones a escala local y regional por estructuras del crimen organizado, ya que estas varían o incluso desaparecen sin que los mercados criminales desaparezcan con ellas; por el contrario, las evidencias señalan la existencia de expresiones de una élite gris que ha promovido una mentalidad especial de hacer empresa a cualquier precio o de construir lógicas de orden y autoridad pública que operan entre las dimensiones legales e ilegales de la sociedad risaraldense.

2. A pesar, por un lado, de los cambios experimentados entre un pico de violencia y otro, de los imaginarios sociales de civismo, progreso y seguridad recreados por sectores de las élites locales y regionales en torno al Eje Cafetero, la ciudad ha conservado elevados niveles de violencia los cuales superan con creces el promedio de violencia nacional. En medio de tan elevadas tasas de homicidio, los indicadores de crecimiento económico han señalado la existencia de una región próspera (con inevitables variaciones) en la cual, negocios lícitos e ilícitos se desarrollan sin contradicciones, señalando la existencia de sectores políticos y económicos acoplados a los ritmos de un escenario criminógeno altamente homicida. De esta manera, se instaura la violencia como dinámica de mediación social legítima y con ello, se internaliza una práctica habitual presente en los cuerpos de los habitantes de la región y en las instituciones existentes, las cuales, a su vez, han generado mecanismos propios de reproducción social.

3. Las acciones para contrarrestar las estructuras criminales en Pereira y Risaralda no han afectado de manera significativa el subcampo de la economía ilegal; con esto se quiere decir que ni las estructuras sociales objetivas (nodo de relaciones que perfila la existencia de dinámicas estructurales que se tornan externas ya sea a través de instituciones intermedias presentes en los barrios y en la ciudad en general, o los diferentes campos y subcampos existentes en la región) ni las estructuras sociales incorporadas (nodo de relaciones que perfila la existencia de disposiciones para la acción mediada por el uso de la fuerza e incorporadas en los cuerpos como propensiones para la acción), las cuales configuran las prácticas sociales violentas, han generado acciones significativas que alteren las lógicas estructurales que explican los mercados criminales y sus mediaciones violentas experimentadas en la que fuera la región cafetera por excelencia del occidente colombiano

Referencias

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Doctorando en Ciencias Sociales.
Para confrontar la ilusión de transparencia de lo social, (perspectiva que señala la dificultad del agente para leer el conjunto de relaciones que lo atraviesan) Bourdieu propone analizar la doble existencia de lo social: en las cosas y en los cuerpos. Reconoce, por un lado, la existencia de estructuras sociales externas (ESE), entendidas como las estructuras objetivas e independientes que pesan sobre las interacciones individuales, condiciones objetivas que condicionan las prácticas sociales. Las categorías de campo, capital e intereses perfilan las posiciones relativas y las relaciones objetivas entre posiciones. Por otro lado, las estructuras sociales internalizadas, entendidas como las estructuras incorporadas en los agentes sociales, las cuales exaltan el sentido vivido de las prácticas sociales, a partir del punto de vista, las percepciones y las representaciones elaboradas por los agentes. Las nociones de habitus, práctica, clase social y estrategia denotan las variaciones que tienen en cuenta la propia experiencia de los agentes. Para el presente análisis, las disposiciones para la acción reconocidas como prácticas sociales violentas en los agentes sociales que actúan, no solo en torno a las violencias homicidas específicas, sino también en torno a las tramas sociales configuradas en territorios locales y subregionales.
Un campo es una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder o capital -cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo- y de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones” (Bourdieu y Wacquant, 1995).
Se citan como ejemplo los casos de El Salvador, Guatemala e Irlanda del Norte analizados por Bello, quien señala: “Existe evidencia que muestra el papel de la violencia en sociedades en posconflicto, de modo especial en comunidades que se encuentran en transición de guerras civiles o conflictos armados a épocas de paz” (Bello, 2009, p. 165).
Aunque se trata de un artículo de reflexión, los datos y los análisis fueron construidos a partir de un proyecto de investigación interinstitucional adelantado en Pereira, cuyo objeto de análisis estuvo centrado en los mercados criminales presentes en el área metropolitana centro occidente (conformada por las ciudades de Pereira, Dosquebradas y La Virginia), los cuales fueron publicados en el libro: Contra-caras del poder regional: Contrabando, narcomenudeo y explotación sexual comercial (Martínez, Marulanda, Martínez, Perdomo, Martínez, 2016).
La existencia de factores de carácter histórico que han venido configurando un conjunto de reglas implícitas, de mediaciones normativas que surgen de las interacciones entre agentes, grupos e instituciones sociales, los cuales se encuentran mutuamente relacionados y que entran en disputa por capitales específicos. Este campo de tensiones se puede reconocer como el resultado entre el cruce del campo económico, el campo político y los subcampos: cafetero, comercial y el escenario del conflicto armado; existentes en la región y que han creado “un espacio nuevo”, relativamente autónomo, el cual conjuga dimensiones legales con aquellas ilegales, forjando un tercer escenario, el cual se caracteriza por tener agentes y/o grupos con disposiciones socialmente aprehendidas leídas como habitus, capitales en disputa, mediaciones y regulaciones implícitas y lógicas propias de acción social ilegal a escala regional.
“El posconflicto armado lo entendemos entonces como el periodo que va desde el momento en que los procesos de concertación y negociación del conflicto armado interno se tornan irreversibles, hasta cuando se desarrollan certámenes electorales bajo las nuevas condiciones pactadas en la negociación, se da el reacomodo dentro de la institucionalidad de los actores armados irregulares y el gobierno inicia el desarrollo de las políticas públicas que apuntan a la reconciliación de la sociedad” (Vargas, 2003, p. 121).
“Están mal informados. El genocidio gestado por el Estado se originó en forma premeditada, sistemática y generalizada desde el año de 1946”. Carta escrita por Gloria Gaitán (economista, historiadora y filósofa) a los negociadores del gobierno y las FARC presentes en la Habana, 2014. http://www.las2orillas.co/la-carta-de-la-hija-de-jorge-eliecer-gaitan/
Negrilla propia con la cual se desea ir señalando los elevados niveles de violencia homicida en la región de Risaralda y su capital Pereira.
Negrilla propia.
Negrilla propia.
En su informe (Policía Nacional) de 1991 al analizar la criminalidad por ciudades capitales, se señaló que la capital más asediada por actos criminales fue la ciudad de Pereira (21 delitos por 1.000 hab.) con un total de 7.281. La Primacía delincuencial en Pereira en 1994 vuelve y se refuerza con una tasa de 197 con referencia al total de delitos y el segundo lugar en relación con los delitos contra la vida e integridad personal y la quinta tasa más alta en delitos contra el patrimonio (Revista Criminalidad No. 37, 1994, p. 54).
La economía cafetera representó durante el siglo XX el principal sector económico en el país, generando importantes desarrollos en las zonas influenciadas por dicho cultivo; En este escenario, el agente socialmente influyente fue la Federación Nacional de Cafeteros (Federacaf), la cual logró consolidar importantes dinámicas modernizadoras en el contexto colombiano. Esta importante construcción paraestatal con mayores capacidades a escala local y regional que el propio Estado a la hora de afectar el desarrollo de sus habitantes, también contaba con innumerables mecanismos no velados de discriminación (por ejemplo, el trato de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) hacia el productor de grandes extensiones de cultivo frente al pequeño productor obligado muchas veces a vender su grano a menor precio) de aquello que se puede denotar como violencia económica. A finales del siglo XX la economía cafetera colombiana experimenta la mayor crisis de su historia.
Con relación a los agentes socialmente influyentes pertenecientes al sub-campo del conflicto armado en el departamento de Risaralda y que operaron en la región a partir de la década de los 70 hasta la actualidad, se puede señalar: 1. Fortalecimiento de la presencia guerrillera a inicios de los 90s (principalmente por las estructuras de las FARC, el ELN y el EPL); 2. La creación de quince Convivir (Cooperativas creadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, las cuales operaban como estructuras de colaboración a las fuerzas militares posteriormente desmanteladas al comprobar el uso de armas al interior de las mismas y la presencia de reconocidos paramilitares en sus filas) quince en Caldas, tres en Risaralda y tres en el Quindío, lejos de minimizar el conflicto, profundizaron las consecuencias del mismo. Su posterior ilegalización favoreció la consolidación de estructuras paramilitares en los tres departamentos; 3. Fortalecimiento de las estructuras paramilitares en el departamento de Risaralda a mediados de la década de los 90, en especial con el llamado Bloque Central Bolívar, estructura que contó en su momento con la presencia de Carlos Mario Jiménez, narcotraficante y paramilitar oriundo del departamento de Risaralda y uno de los líderes más importantes de La Cordillera; 4. Fuerte influencia del Cartel del Norte del Valle en la región desde mediados de la década de los 90 hasta finales del año 2014. Dicha estructura fue una de las organizaciones más importantes en el momento de fortalecimiento militar de la Cordillera en el periodo comprendido entre 2005 y 2010.
La crisis cafetera y las nuevas apuestas de desarrollo regional promovidas por importantes sectores económicos y políticos de la región, permitieron la consolidación a finales del siglo XX de un nuevo sector económico centrado en el sector comercio y de servicios. Un proceso de tercerización espuria de la economía matizado por trabajos precarios, sin estabilidad, ni condiciones salariales adecuadas. La tensión entre el proyecto de desarrollo de la ciudad-región y el trabajo informal, se ha convertido en una de las evidencias más claras alusivas a la existencia de un modelo de desarrollo comercial matizado por fuertes dinámicas de exclusión social y que tuvo como momento más significativo el periodo comprendido entre 1997- 2004 en el proceso de reubicación de la antigua galería y la construcción de Ciudad Victoria. Dicho proceso matizado por fuertes enfrentamientos entre vendedores ambulantes y la administración municipal, concluyó con una importante reorganización del centro de la ciudad cuya redefinición de los usos del suelo mejoró la imagen del municipio y permitió un estímulo importante al sector comercial a través de la construcción de importantes obras que han fortalecido la histórica dinámica comercial presente en Pereira.
Organización criminal de importancia regional que tiene sus orígenes a finales de la década de 1990, controlada en su etapa inicial por los llamados Cabezones.